El proyecto oficial de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) ya está en manos del Parlamento uruguayo y enciende el debate entre los operadores jurídicos. La propuesta busca ajustar el sistema acusatorio vigente desde 2017, pero recibe críticas desde distintos frentes. Mientras los gremios judiciales celebran la igualdad de armas entre la Fiscalía y la defensa, las asociaciones de víctimas advierten un retroceso en sus derechos. Por su parte, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (AAPU) presentó una contrapropuesta que reincorpora figuras como el procesamiento y la querella privada para delitos económicos.
¿Qué cambios propone el Poder Ejecutivo para el CPP?
Uruguay dio un salto institucional en 2017 al pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. El juez dejó de investigar para convertirse en un árbitro imparcial, y la Fiscalía tomó el protagonismo de la indagación. A nueve años de aquella reforma estructural, el Poder Ejecutivo creó un Grupo Asesor Técnico de 15 especialistas, incluyendo al Poder Judicial, la Fiscalía, el Colegio de Abogados y la Defensoría Pública, para actualizar la norma.
El proyecto oficial, que cuenta con unos 180 artículos, respeta los principios constitucionales del sistema acusatorio y adversarial. Busra resolver las ambigüedades que la jurisprudencia tuvo que ir salvando con los años. Sin embargo, la recepción no es unánime. La vicepresidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, con más de dos décadas de experiencia en la materia, reconoce avances pero advierte que el texto tiene luces y sombras. Para los magistrados, hay soluciones técnicas acertadas, pero también cuestiones que ya funcionaban bien y que el proyecto modifica, generando una ventaja desbalanceada para una de las partes.
¿Por qué la Asociación de Abogados Penalistas presentó un proyecto alternativo?
La AAPU redactó su propio proyecto, que ya cuenta con estado parlamentario, y se posiciona en la vereda de enfrente de la iniciativa oficial. Su presidente, Möller, y su vocal, Fagúndez, explican que el objetivo es lograr un sistema que permita trabajar en paz con la Fiscalía y resolver ciertos casos con mayor celeridad. La propuesta de los penalistas modifica la estructura del proceso con ajustes concretos en la formalización, el control de acusación y el juicio oral.
Una de las claves de la contrapropuesta es la reincorporación del concepto de procesamiento, que el sistema actual había descartado. La AAPU plantea que la formalización sea un simple acto de comunicación sin medidas restrictivas. Si el Estado pretende limitar la libertad, debe pedir el procesamiento, y para aceptarlo, la Justicia debe contar con semiplena prueba de la existencia del hecho. Además, la defensa ya no estaría obligada a mostrar sus pruebas a la Fiscalía en la etapa intermedia, blindando así la estrategia legal del imputado. En los procesos abreviados, se habilitaría una segunda instancia de revisión.
¿Cómo afecta la reforma a las víctimas y sus derechos?
El Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, que trabaja con la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, ofrece una lectura más crítica. Consideran que el proyecto oficial retrocede y recorta derechos importantes. Su argumento central es que la lógica del nuevo texto favorece al imputado desde un lugar que excede el garantismo, convirtiendo la igualdad procesal en una mera ventaja. Además, denuncian que la voz de las víctimas fue excluida del grupo de trabajo, algo inaceptable para los estándares internacionales que ya exigen la incorporación de la querella.
Para compensar este vacío, el proyecto de la AAPU incorpora la querella privada para delitos económicos, difamación e injuria. Desde la asociación de penalistas aclaran que su propuesta no busca volver al inquisitivo, como algunos críticos señalan, sino que el juez juzgue con base en la prueba, sin tomar el rol de investigador.
¿Qué es el sistema acusatorio en Uruguay?
El sistema acusatorio, vigente en Uruguay desde 2017, separa claramente las funciones de investigar y juzgar. La Fiscalía se encarga de indagar y acusar, mientras que el juez actúa como un tercero imparcial que garantiza los derechos del imputado y de las demás partes involucradas en el proceso penal.
¿Qué es la querella privada en los delitos económicos?
La querella privada permite que la víctima de un delito se constituya como parte activa en el proceso penal para ejercer la acción penal y buscar reparación. La propuesta de la AAPU busca incorporarla específicamente para delitos económicos, difamación e injuria, donde el interés particular del damnificado es directo y el impacto financiero suele ser el eje central del conflicto.
