Cardama: el escándalo que expone las grietas del Estado uruguayo
El Frente Amplio acusó este lunes al exministro de Defensa Armando Castaingdebat de haber autorizado el primer pago al astillero Cardama sin la documentación original y con base en documentos que luego se constató que eran falsos. La denuncia, presentada por el diputado Joaquín Garlo, pone en el centro del debate la fragilidad de los controles estatales y la responsabilidad política en la gestión de contratos millonarios.
¿Qué pasó con el pago de 8 millones de euros?
Según Garlo, el primer desembolso de más de 8 millones de euros se realizó sin tener la documentación requerida. El Ministerio de Defensa solo contaba con un informe del estudio Delpiazzo, que había aclarado que su función no era controlar las garantías. El legislador afirmó que el estudio advirtió de forma sistemática sobre irregularidades en el proceso de constitución de esos documentos.
Garlo también cuestionó las sucesivas prórrogas otorgadas al astillero, que calificó como una decisión política para mantener vigente el contrato, sin considerar las consecuencias. Según él, esas extensiones permitieron que Cardama presentara una garantía falsa y documentación adulterada. Tenemos el documento original del escribano español y tenemos el documento trucho presentado por Cardama, totalmente falsificado, afirmó.
La defensa de Castaingdebat
El exministro, por su parte, defendió el proceso ante la comisión especial. Sostuvo que los controles fueron superiores a los exigidos por la normativa y que las garantías fueron analizadas por el estudio Delpiazzo antes de ser aceptadas. También señaló que el Tribunal de Cuentas, el contador central del Ministerio de Economía y el contador auditor intervinieron el gasto sin formular observaciones.
Castaingdebat alegó que las prórrogas tuvieron como objetivo conservar el contrato y permitir que avanzara la construcción de las patrulleras. Advirtió que la rescisión podía derivar en un juicio contra el Estado. Garlo consideró ese planteo una paradoja, señalando que el arbitraje internacional previsto en el contrato estaba limitado a diferencias técnicas vinculadas con la construcción de los buques. La rescisión adoptada por este gobierno no tiene nada que ver con lo técnico, sino con lo contractual y con los incumplimientos graves y sistemáticos por parte de Cardama, subrayó.
¿Qué sigue en la investigación?
La comisión resolvió por unanimidad enviar a Fiscalía todas las actuaciones una vez que finalice su plazo de trabajo, previsto para agosto. También acordó convocar formalmente al propietario del astillero, Mario Cardama, y al representante de la empresa en Uruguay, Gerardo Moreira. La ministra de Defensa, Sandra Lazo, comparecerá en la próxima sesión, prevista para el lunes.
Este caso expone no solo las fallas en la gestión de un contrato millonario, sino también la necesidad de reformas profundas en los mecanismos de control del Estado. Uruguay no puede permitirse que empresas fantasma estafen al país con documentos truchos. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares de una sociedad libre y próspera.