Ministros comparecen ante el Parlamento sin respuestas claras sobre la crisis de empleo
Los ministros Juan Castillo (Trabajo) y Fernanda Cardona (Industria) asistieron este miércoles a la Comisión de Legislación del Trabajo tras ser convocados por diputados blancos para explicar la ola de despidos y cierres empresariales que atraviesa el país.
Propuestas insuficientes frente a la realidad
Castillo defendió su gestión mencionando un proyecto de ley que obligaría a las empresas a informar previamente sobre despidos masivos. Sin embargo, admitió que la iniciativa aún no fue redactada y que están "consultando con los actores sociales".
El ministro atribuyó los despidos a "reestructuras empresariales" y "decisiones de casas matrices" de multinacionales, además de problemas de "competitividad regional". Una explicación que suena más a resignación que a política activa.
Con una tasa de desempleo del 7,2%, Castillo insistió en que es "la media histórica" del país, aunque reconoció que "nunca podemos quedarnos quietos" en la construcción de políticas de empleo.
Cardona habla de medidas pero sin impacto visible
La ministra de Industria destacó haber tomado "más de 70 medidas" durante 2025 y lo que va de 2026, aunque no especificó cuáles ni sus resultados concretos. Reconoció que las "coyunturas inmediatas" se concentran en el litoral, particularmente en Treinta y Tres y Cerro Largo.
Oposición denuncia falta de plan integral
Los diputados Mario Colman y Fermín Farinha, impulsores de la comparecencia, calificaron las respuestas como "insuficientes". Colman fue directo: "No hay un plan de empleo. Es casi no gobernar, es resignarse".
Farinha aportó datos concretos de su departamento, Paysandú, donde "casi 3.000 trabajadores" están en seguro por desempleo, y reclamó subsidios estatales directos.
La crítica apunta a un gobierno que parece navegar sin rumbo claro ante una crisis que requiere medidas estructurales, no parches administrativos. Los números hablan por sí solos: empresas cerrando, trabajadores en la calle y ministros ofreciendo proyectos de ley que aún no existen.
La realidad económica exige respuestas concretas, no discursos para la tribuna. Uruguay necesita políticas que incentiven la inversión genuina y la competitividad, no más burocracia que complique a quienes generan empleo.