La comisión investigadora que analizó la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) cerró este lunes sin acuerdo. Tras tres meses de trabajo, el resultado es un claro reflejo de la polarización política: se elevarán cuatro informes distintos al plenario, uno del Frente Amplio, otro conjunto del Partido Nacional y el Partido Colorado, uno de Cabildo Abierto y el último de Identidad Soberana.
El oficialismo defiende la legalidad
El presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, sostuvo que la compra fue ajustada a derecho y que no se detectó ninguna irregularidad. Durante las sesiones comparecieron autoridades del Ministerio de Ganadería, el INC, la Intendencia de Florida y gremiales vinculadas al proyecto.
Valdomir destacó que nadie pidió prórroga para la investigadora. Sin embargo, desde la oposición, el diputado colorado Carlos Rydstrom marcó un rumbo distinto y advirtió que el informe conjunto de blancos y colorados pondrá el foco en las responsabilidades políticas y en las graves deficiencias de gestión.
Desprolijidades y un posible sobrecosto millonario
Rydstrom cuestionó duramente las proyecciones iniciales del proyecto. Se anunció repetidamente que se podrían instalar 16 tambos, una cifra que los propios informes técnicos del instituto ya desmentían por ser agronómicamente inviable. El directorio del INC terminó reconociendo el error y redujo la cifra a 6 tambos.
El legislador también fue contundente al evaluar el precio de la operación. A su entender, Colonización abonó una cifra superior al valor de mercado en Florida. Ejemplificó que el directorio del instituto analiza actualmente la compra de un campo a 10 kilómetros de María Dolores por un valor de US$ 2.000 menos la hectárea. Si se aplicara esa referencia a la misma superficie, el ahorro sería de US$ 6 millones.
Ideología por encima del rigor técnico
El diputado colorado no descartó la existencia de delitos en el proceso, aunque aclaró que el objetivo de la comisión es determinar responsabilidades políticas. Criticó con firmeza cómo se manejaron los recursos públicos en esta operación.
Lo que sí hubo fue una enorme cantidad de desprolijidades en el proceso y entendemos que se puso una ideología ciega por delante de los informes técnicos y de la buena manera de gestionar los recursos públicos.
Rydstrom señaló que el caso también habla de la necesidad de modernizar un instituto que está por cumplir 80 años y que debe dar saltos importantes en su funcionamiento y articulado. Para la oposición, no se trata de estar en contra de la compra de tierras, sino de exigir que se respeten los procesos correspondientes.
La Justicia continúa su camino
Más allá de las conclusiones de los cuatro informes, el caso María Dolores sigue su curso en el ámbito judicial. Esto se debe a la denuncia penal presentada por legisladores de la oposición y el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle. El trabajo de la comisión parlamentaria podría servir de insumo para la Fiscalía, pero el foco legislativo queda centrado en las responsabilidades políticas de una gestión que, según la oposición, priorizó la ideología sobre el rigor técnico y el cuidado de los recursos de todos los uruguayos.