Inducción al suicidio femicida: ¿nuevo delito o prevención?
El Frente Amplio impulsa un proyecto para tipificar la «inducción al suicidio femicida» con penas de hasta 12 años. La oposición comparte el espíritu, pero reclama pragmatismo: más prevención y denuncia oportuna antes que nuevas figuras penales.
Lo que propone el proyecto
La iniciativa busca agregar un apartado al artículo 315 del Código Penal, que ya castiga con seis meses a seis años de prisión a quien determine a otro al suicidio o le ayude a cometerlo. La propuesta del oficialismo eleva la pena a entre cuatro y 12 años cuando la muerte ocurra precedida por violencia basada en género o violencia sexual del autor contra la víctima.
En el FA argumentan que los códigos penales quedaron atrás en el tiempo. «Los códigos fueron escritos hace muchos años e invisibilizan un montón de cuestiones, por lo tanto, hay que actualizarlos», aseguró la diputada Inés Cortés, según la versión taquigráfica de la Comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara de Representantes.
A la comisión asistió una delegación de Proyecto Ikove («sobrevivir», en guaraní), colectivo de víctimas de violencia sexual surgido en 2024 e impulsor de la iniciativa.
La mirada crítica de la oposición: ¿crear delitos o garantizar la denuncia?
Desde el Partido Colorado, la diputada Paula de Armas, presidenta de la comisión, no rechazó el espíritu de la propuesta, pero puso el acento en la complejidad probatoria y en la necesidad de actuar antes del desenlace fatal.
«Creo que la comisión necesita trabajar con ustedes para redactar artículos sustitutivos a este proyecto de ley, a fin de que realmente refleje cuál es la finalidad de lo que están proponiendo.»
De Armas señaló que hoy no hay un lugar donde pedir ayuda ante estas situaciones, que no hay preparación en los centros educativos y que los delitos prescriben. Su planteo es claro: que las personas lleguen a tiempo a denunciar un delito que ya está tipificado, para que haya elementos de prueba a favor de las víctimas.
«Debemos trabajarlo de una manera distinta, buscando las herramientas de prevención que podamos crear por ley y enfocarnos más en lo que está pasando que en el desenlace final, ya que ahí perdimos la vida y la idea es que podamos llegar antes.»
El colectivo Ikove recibió bien la propuesta de trabajar en un texto sustitutivo y se mostró dispuesto a contemplar las modificaciones necesarias.
Casos que marcaron el debate
La exposición de motivos del proyecto menciona casos de fuerte repercusión en Uruguay. El más reciente es el de Milagros Chamorro, una joven de 29 años que se suicidó en una emergencia del Casmu el 25 de octubre de 2024. En 2022, había denunciado penalmente haber sido víctima de violencia sexual durante su adolescencia. A partir de ese hecho, inició un proceso de atención en salud mental con episodios recurrentes de intentos de autoeliminación.
Un informe posterior de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) concluyó que hubo «un conjunto de omisiones e incumplimientos en las prestaciones de salud brindadas» por la mutualista y por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Los episodios de violencia sexual denunciados refieren a una violación grupal ocurrida el 17 de setiembre de 2010, en la que se habrían utilizado medios digitales para registrarla y difundir el hecho.
Otro caso mencionado es el de Lucía Acuña, quien se suicidó en su casa el 12 de noviembre de 2022, en medio del juicio por su caso. Junto con una amiga, fue víctima de una violación grupal perpetrada por tres efectivos de la Guardia Republicana el 22 de febrero de ese año. También se menciona a Aldana, una de las víctimas de la llamada «Operación Océano», que se suicidó en 2020 en Santa Lucía.
Experiencia regional: ¿qué funciona?
Al menos en Latinoamérica, dos países cuentan con este delito tipificado. Chile promulgó la «Ley Antonia» en 2022, durante el gobierno de Gabriel Boric, en memoria de Antonia Barra, una mujer de 21 años que se suicidó tres semanas después de haber sido violada en 2019. El Salvador fue el primero del continente en tipificar este delito en 2012, con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). Bolivia lo contempla como agravante en su normativa de «homicidio-suicidio».
Próximos pasos
La comisión votó unánimemente enviar el texto del proyecto a la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) para que aporten su perspectiva académica.
El debate está abierto. La pregunta central para los uruguayos es si la respuesta pasa por crear nuevas figuras penales o por garantizar que el Estado funcione a tiempo: que haya denuncia, que haya prueba, que haya atención de salud antes de que sea tarde. Tipificar un delito nuevo puede tener valor simbólico, pero la vida real exige soluciones concretas.