La Justicia uruguaya condenó este viernes 30 de octubre a un policía, un empresario y una auxiliar de enfermería en el marco del Caso Caranchos, la red que captaba víctimas de accidentes de tránsito para quedarse con las indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA). El policía irá efectivamente a prisión.
Los tres aceptaron acuerdos abreviados y fueron declarados culpables de asociación para delinquir, cohecho calificado y uso indebido de información privilegiada, según informó Diario EL PAIS Uruguay. El juzgado de crimen organizado de 2° Turno impuso al funcionario policial tres años de penitenciaría, una multa de 50 UR (97.347,50 pesos) y dos años de inhabilitación para ejercer el cargo.
El empresario y la auxiliar de enfermería recibieron 24 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, de los cuales los primeros 18 se cumplirán con arresto domiciliario total, confirmó Telenoche.
Cómo funcionaba la red de los Caranchos
Según la Fiscalía, el policía condenado actuaba como captador: intermediaba entre quienes obtenían información sobre las víctimas de siniestros y los abogados que las buscaban como clientas. El funcionario estaba asociado a un abogado ya imputado en la causa, que a su vez recibía de otros colegas los datos de los accidentes. Por pasar esa información cobraba, de ahí la condena por cohecho, delito que se configura cuando un funcionario público acepta dinero a cambio de actos vinculados a sus funciones.
El empresario y la auxiliar de enfermería cumplían el papel de informantes de un grupo integrado principalmente por policías, enfermeros e inspectores de tránsito. Accedían a datos reservados de los siniestros: nombres, teléfonos, direcciones y circunstancias de cada accidente, que luego entregaban a los captadores a cambio de dinero. Esa información llegaba a personas en situación extremadamente vulnerable, recién accidentadas, internadas o de duelo, a quienes se les ofrecían los servicios de determinados abogados para gestionar el cobro del SOA.
La auxiliar de enfermería, de hecho, es pareja de un policía ya imputado, lo que explica su acceso a los datos del sistema cerrado de gestión de seguridad pública.
Una pirámide montada sobre el dolor ajeno
El abogado Joaquín Abal, representante legal de dos de los condenados, describió en setiembre en Informativo Sarandí (AM 690) el esquema como una pirámide de captación de clientes.
Esto funciona con un promotor en la cúspide; en el medio de la pirámide tenemos al brazo ejecutor que son los gestores; y en la base quienes acceden a la información privilegiada, los informantes, funcionarios públicos de diferentes entidades, policías, choferes de ambulancias, enfermeros, inspectores de tránsito.
Abal explicó que los promotores, principalmente abogados, se quedaban con un porcentaje elevadísimo de lo que correspondía a las víctimas por la póliza del seguro obligatorio. La causa llegó a Fiscalía, agregó, por las denuncias cruzadas entre los cabecillas de las pirámides, que tenían problemas entre ellos por cómo repartirse los casos.
21 condenados y la causa sigue abierta
Con estas tres condenas, la causa acumula 21 personas condenadas de las 23 investigadas. Las dos restantes están imputadas con medidas cautelares, y Caras y Caretas reportedó que Fiscalía evalúa nuevos impulsos. Los promotores que lideraban la red, todos ya condenados, eran los destinatarios finales de los casos: pagaban por la información y obtenían ganancias mediante la tramitación de las indemnizaciones.
La Fiscalía logró demostrar además que algunos implicados habían convertido la maniobra en un medio de vida. Como recordó Subrayado, la investigación por asociación para delinquir, cohecho calificado y uso de información privilegiada continúa abierta.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Caso Caranchos?
Es una investigación judicial contra una red que captaba víctimas de accidentes de tránsito mediante información privilegiada para ofrecerles abogados y quedarse con parte de las indemnizaciones del SOA.
¿Cuántos condenados tiene la causa?
Ya son 21 personas condenadas, sobre 23 investigadas. Dos siguen imputadas con medidas cautelares.
¿Qué pena recibió el policía condenado?
Tres años de penitenciaría, una multa de 50 UR (97.347,50 pesos) y dos años de inhabilitación para ejercer el cargo.